El juicio contra el exgobernador de Tucumán y exsenador, José Alperovich, comenzará este lunes en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la declaración de más de 80 testigos. Fue acusado de tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018 en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. Su víctima, y denunciante, fue su sobrina.
Alperovich es sinónimo de poder en Tucumán. Fue durante mucho tiempo el “cacique” que controló la política en esa provincia.
En septiembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa contra el exgobernador de Tucumán y estableció el 5 de febrero como fecha de inicio del debate que será público. El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación. El Senador pudo terminar su mandato sin que lo desaforaran, aunque pidió licencia sobre el tramo final.
De acuerdo a lo establecido por la investigación judicial, el exsenador deberá responder por “tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal”. Si al final del procedimiento es declarado culpable, Alperovich podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión”.
Una curiosidad del caso es que durante mucho tiempo su abogado defensor fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia. Actualmente, la defensa sigue en poder del mismo estudio jurídico. Por razones obvias, Cúneo Libarona no la ejercerá personalmente.
La denuncia de la sobrina
La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero. El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 desde las 10.30, a cargo del juez José María Ramos Padilla, y se espera que presten declaración más de 80 testigos. En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.
Entre los testigos figura la presencia de Juan Manzur entre los citados a declarar. Se trata del exgobernador de Tucumán y vice de Alperovich, actual senador.
En mayo de 2022, la fiscalía había considerado que “en todos los casos, mediando para su comisión intimidación”, el exsenador “abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. ”Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, señaló la acusación fiscal.
En tanto, días después el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron “mediando abuso de poder y autoridad”. Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un “sometimiento sexual ultrajante”. En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas, según fuentes judiciales.
Por su parte, organizaciones feministas manifestaron su apoyo a la “denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial”. ”Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante”, agregó el comunicado difundido a través de redes sociales.
En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana. Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
Publicado en el diario La Nación
